Un problema legal común al que se enfrentan los proveedores de crédito es dar servicio de forma accidental a personas sospechosas de cometer delitos económicos, como financiar actividades terroristas o blanqueo de capitales.
Bajo la legislación española, los lenders se consideran sujetos obligados. Esto significa que antes de conceder un préstamo, una entidad financiera debe tomar las medidas apropiadas para verificar que el dinero que está dando a su cliente no vaya a ser usado para fines delictivos.
Bases de datos para prevenir los delitos económicos
Las entidades deben certificar que su cliente no figura en ciertas bases de datos que recogen listas de individuos bloqueados:
- Listas AML: Anti Money Laundering, o antiblanqueo de capitales. Bases de datos con registros de personas sospechosas de delitos económicos.
- Listas PEP: Personas Políticamente Expuestas, son aquellas que por su alto perfil público conllevan un nivel de riesgo adicional en toda actividad económica.
- Lista OFAC: Esta lista, mantenida por el departamento del tesoro de Estados Unidos, recoge lo que se denominan SDNs, Personas con Designación Especial, e incluye a sospechosos de terrorismo y otros delitos.
Si el lender comprueba que su cliente potencial aparece en alguna de estas listas, debe denegar su petición, o se expone a penalizaciones muy significativas.
El organismo encargado de monitorizar el cumplimiento de estas normas es el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), que tiene capacidad para imponer penas muy severas a aquellas empresas que violen la ley.
Penalizaciones por incumplimiento
Un caso reciente que sirve de ejemplo son los atentados terroristas que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017. En la investigación posterior a los hechos, se supo que el grupo responsable utilizó dinero obtenido de micropréstamos online para adquirir las bombonas de butano que planeaban usar para el ataque.
En un caso como este, si se demuestra que la empresa que concede el préstamo no ha efectuado los chequeos obligatorios, o que ha ignorado el resultado de estos, se expone a una cuantiosa multa, que puede oscilar de los 60.000 euros para infracciones graves a 1.500.000 euros para infracciones muy graves. Peor todavía, la empresa puede perder su licencia para operar como proveedora de préstamos.
Por lo tanto, es esencial para los proveedores de micropréstamos disponer de recursos para poder llevar a cabo este tipo de chequeos y garantizar que están en cumplimiento regulatorio.
Todas la bases de datos que se usan para hacer chequeos AML se pueden consultar a mano, pero cuando se procesan miles de peticiones cada día no es eficiente optar por esta vía.
Una solución tecnológica
Afortunadamente, existe una solución mejor: la automatización de todo el proceso. Con herramientas como el Motor de Verificación de Identidad de Unnax, es posible garantizar que se cumple con la regulación con el mínimo esfuerzo.
Nuestra solución es una potente herramienta que se integra fácilmente en el proceso de petición de préstamos y hace las verificaciones pertinentes de forma completamente automática, sin necesidad de invertir esfuerzo humano.
Durante el registro, el sistema obtiene los datos personales del usuario, consulta de forma automática las bases de datos pertinentes, y devuelve un informe completo con su estatus. Si el usuario figura en alguna de las listas bloqueadas, su petición se deniega al instante.
Además, la solución no solo sirve para hacer chequeos AML automáticos. También permite verificar la identidad del usuario.
A elección de la empresa, la herramienta puede analizar el documento de identidad del usuario y determinar si es falso o si ha sido manipulado, así como hacer un ‘matching’ documento-usuario capturando un selfie y usando tecnología de reconocimiento facial.
Este análisis también se hace de forma automática. El usuario solo debe tomar una foto de su documento y de sí mismo con su móvil y subirlas a la web. Una vez cargadas las imágenes, nuestra API las analiza en busca de defectos o signos de manipulación, emitiendo un informe de estatus similar al chequeo AML.
En conclusión
Ante la posibilidad de recibir una multa de cientos de miles de euros, no hay excusas que valgan. Las entidades financieras deben proveerse de las herramientas necesarias para estar en cumplimiento regulatorio. Si además estas herramientas son completamente automáticas y reducen la tasa de fraude en su cartera de préstamos, se trata de un win-win.
